La reciente decisión del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de termos ha desatado un fuerte cruce público que personifica un debate más amplio sobre el modelo económico del país. El enfrentamiento tiene como protagonistas al asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los principales ideólogos de la desregulación económica, y a Lumilagro, una de las empresas argentinas más icónicas y tradicionales en la fabricación de este producto.
La Postura del Gobierno: Fomentar la Competencia y Beneficiar al Consumidor
La controversia se encendió a través de las redes sociales, donde Federico Sturzenegger apuntó directamente contra la empresa. Según la visión del asesor, firmas como Lumilagro se han beneficiado durante décadas de un mercado protegido que, al limitar la competencia extranjera con altos aranceles, les permitía mantener precios elevados en detrimento de los consumidores.
En sus publicaciones, Sturzenegger argumentó que la eliminación de estas barreras arancelarias es una medida pro-competencia, diseñada para que los argentinos puedan acceder a una mayor variedad de productos a precios más bajos. Sostuvo que esta apertura obliga a las empresas nacionales a ser más eficientes e innovadoras para poder competir, y calificó al esquema anterior como un sistema de “privilegios” para ciertos sectores empresariales. Para el gobierno, este caso es un ejemplo emblemático de su política de apertura económica, que busca terminar con lo que consideran “curros” o “castas” empresariales y poner al consumidor en el centro de las decisiones.
La Respuesta de la Industria: Defensa del Empleo y Competencia Desleal
La respuesta de Lumilagro y de referentes del sector industrial no se hizo esperar. Desde la compañía defendieron su rol como una industria nacional con más de 80 años de trayectoria, generadora de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en el país. Argumentan que la producción en Argentina enfrenta costos estructurales que los productos importados, especialmente desde China, no tienen.
En su defensa, señalan que la alta carga impositiva, los costos laborales y la compleja logística local son factores que impactan directamente en el precio final de sus productos. Advierten que una apertura indiscriminada, sin atender primero a estos “costos argentinos”, no genera una competencia leal, sino que pone en riesgo la supervivencia misma de la industria nacional.
La postura del sector es que la medida del gobierno, si bien puede generar una baja de precios a corto plazo, podría tener consecuencias negativas a largo plazo, como la destrucción de empleos, el cierre de fábricas y una mayor dependencia de las importaciones. Sostienen que no se oponen a la competencia, pero piden que esta se dé en igualdad de condiciones, un concepto que, según ellos, la política de desregulación actual no está contemplando.
Dos Visiones Antagónicas
Este cruce entre Sturzenegger y Lumilagro ejemplifica dos visiones antagónicas sobre el desarrollo económico. Por un lado, una que prioriza el libre mercado y el beneficio del consumidor a través de la competencia global como principal motor de la eficiencia. Por otro, una que aboga por la protección de la industria local como un pilar para la generación de empleo y el desarrollo de capacidades productivas soberanas. El resultado de esta política en el mercado de termos será un caso testigo para un debate que atraviesa a toda la economía argentina. Fuentes
