El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más disruptivas y debatidas en el ámbito de la reforma institucional: que los jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial sean elegidos directamente por el voto de la gente. La iniciativa, según explicó el jefe comunal, busca terminar con lo que considera un sistema de selección “viciado” y alejado de la ciudadanía.
En declaraciones a la prensa, Grasso argumentó que el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que no se somete al escrutinio popular, lo que, a su juicio, genera una desconexión con la realidad social y una falta de rendición de cuentas. “¿Por qué un intendente, un gobernador o un presidente tienen que validar sus títulos cada cuatro años ante la gente y un juez puede quedarse en su cargo de por vida sin que nadie controle su desempeño?”, cuestionó.
El intendente sostiene que un sistema de elección popular obligaría a los candidatos a magistrados a presentar sus antecedentes y propuestas de cara a la sociedad, fomentando una mayor transparencia y rompiendo con el actual esquema del Consejo de la Magistratura, que, según su visión, a menudo responde a intereses políticos y corporativos más que al mérito.
La propuesta de Grasso se inscribe en un debate más amplio que se da a nivel nacional sobre la necesidad de una reforma judicial profunda. Sin embargo, la idea de someter los cargos judiciales al voto popular genera posturas encontradas.
Por un lado, sus defensores argumentan que es la máxima expresión de la soberanía popular y que democratizaría un poder históricamente considerado como elitista y cerrado. Por otro lado, sus detractores advierten sobre los riesgos de politizar la Justicia. Sostienen que los jueces deben ser elegidos por su idoneidad técnica y su conocimiento del derecho, no por su carisma o su capacidad para hacer campaña. El principal temor es que un juez electo por el voto popular pueda sentirse presionado a fallar en función de la opinión pública o de los intereses de quienes financiaron su campaña, en lugar de hacerlo en estricto apego a la ley.
El debate está planteado: mientras algunos ven en la elección de jueces una solución para la crisis de legitimidad del Poder Judicial, otros la consideran una amenaza a su independencia, un pilar fundamental del sistema republicano.
