La imagen debería sacudir los cimientos del poder provincial, desde el Ministerio de Salud hasta el despacho principal del gobernador Claudio Vidal. No es una metáfora ni una exageración: es la cruda realidad. La directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado, la Dra. Cecilia Aparicio, ha tenido que dejar de lado la gestión médica para emitir un desesperado llamado a la solidaridad, una súplica pública para que los vecinos donen lo más básico: alimentos, insumos de limpieza, reactivos para el laboratorio. En la Santa Cruz del supuesto “cambio”, el Estado está tan ausente que un hospital público se ve forzado a sobrevivir de la limosna.
Esto no es una catástrofe natural impredecible; es el resultado directo y tangible de la desidia, la inoperancia y la falta de gestión del gobierno provincial. La situación en Puerto Deseado ha superado el límite de lo tolerable para convertirse en una postal del abandono. ¿De qué sirven los discursos políticos y las promesas de eficiencia si un hospital no tiene garantizado un plato de comida para sus pacientes internados o los reactivos necesarios para realizar un simple análisis de sangre? La emergencia no es una posibilidad futura, es el presente asfixiante que viven los trabajadores de la salud y los ciudadanos de la localidad portuaria.
El pedido de la Dra. Aparicio expone una cadena de fracasos que apunta directamente hacia arriba. ¿Dónde está el Ministerio de Salud provincial mientras un hospital clave se desmorona? ¿Qué gestiones se han realizado? ¿Por qué se ha permitido llegar a este punto de quiebre sin una intervención urgente? El silencio y la inacción desde el poder central en Río Gallegos son atronadores y constituyen una admisión tácita de su incapacidad para garantizar el derecho más fundamental: el derecho a la salud.
Mientras la comunidad de Puerto Deseado, en un acto de solidaridad admirable que debería avergonzar a los funcionarios, se organiza para llevar lavandina, papel higiénico y alimentos al hospital, el gobierno provincial parece más enfocado en sus internas políticas y en la propaganda que en resolver las urgencias de la gente. La solidaridad de los vecinos es un bálsamo, pero también es la prueba irrefutable del fracaso del Estado. No es tarea de los ciudadanos sostener el funcionamiento de un hospital; es la obligación indelegable de aquellos que fueron elegidos para gobernar y administrar los recursos de todos los santacruceños.
La pregunta que resuena en cada rincón de Puerto Deseado es simple y lapidaria: ¿Hay alguien al mando? La crisis del hospital no es un problema administrativo menor, es el síntoma de una gestión que le ha dado la espalda a su gente y que ha dejado a la salud pública a la deriva, dependiendo de la buena voluntad de un pueblo que ya está cansado de pagar los costos de la incompetencia política.
