La Legislatura de Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de uno de los debates políticos y sociales más importantes de los últimos años. El Poder Ejecutivo, liderado por el gobernador Claudio Vidal, impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia del sistema previsional provincial y reformar la estructura de la Caja de Previsión Social (CPS), una entidad que, según el diagnóstico oficial, enfrenta un déficit estructural insostenible.
Desde el bloque oficialista “Por Santa Cruz”, los argumentos se centran en la necesidad de garantizar la viabilidad futura del sistema. “Estamos actuando con responsabilidad. La Caja de Previsión Social, tal como está, no es sostenible en el tiempo. El déficit mensual es millonario y pone en riesgo no solo el pago de las futuras jubilaciones, sino también las finanzas de toda la provincia”, explicó un diputado del oficialismo durante el debate en comisiones. El proyecto propone, entre otros puntos, revisar los regímenes de jubilación de privilegio, optimizar la gestión administrativa de la Caja y buscar nuevas fuentes de financiamiento. El gobierno insiste en que no se tocarán los haberes de los actuales jubilados, sino que se busca “ordenar el sistema para asegurar su supervivencia”.
La respuesta de la oposición y de los gremios estatales no se hizo esperar. El principal bloque opositor, “Unión por la Patria”, junto a los sindicatos nucleados en la Mesa de Unidad Sindical (MUS), rechazan de plano la iniciativa, a la que califican como “una ley de ajuste encubierto”. Sostienen que declarar la emergencia es el primer paso para avanzar sobre derechos adquiridos de los trabajadores activos y pasivos. “Bajo el pretexto de un déficit, que es real pero que tiene otras causas, quieren aplicar la misma receta que el gobierno nacional: ajustar a los trabajadores y jubilados”, afirmó un referente del gremio docente ADOSAC.
Los puntos más resistidos del proyecto son la posible modificación de la edad jubilatoria y del cálculo del haber inicial. Aunque el texto oficial no lo explicita de forma directa, la oposición y los sindicatos advierten que la declaración de emergencia le daría al Ejecutivo las facultades para hacerlo por decreto más adelante. Durante las manifestaciones realizadas frente a la Legislatura, los trabajadores expresaron su temor a perder el régimen del 82% móvil y otros beneficios logrados tras años de lucha.
El debate refleja dos visiones contrapuestas sobre cómo abordar la crisis del sistema previsional. Por un lado, el gobierno de Vidal plantea una reforma estructural desde una perspectiva de equilibrio fiscal y sostenibilidad financiera. Por otro, la oposición y los gremios defienden el sistema actual como una conquista social y proponen buscar soluciones alternativas al déficit, como cobrar deudas de grandes empresas a la Caja o exigir mayores aportes patronales. La discusión continúa y su resultado definirá el futuro de miles de trabajadores y jubilados en Santa Cruz.
